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MAITE MARTÍNEZ
BLANCO - lunes, 23 de marzo de 2015
Hasta ahora, sólo los
edificios de la capital con más de 50 años de antigüedad estaban obligados a
pasar la ITE (Inspección Técnica de Edificios). En breve ese chequeo de
edificios no solo se amplía y abarca también un estudio sobre la accesibilidad
y la eficiencia energética, sino que además se extiende a todos los municipios.
La legislación
autonómica impuso hace ya años la obligatoriedad de realizar inspecciones
periódicas a las construcciones y edificaciones de más de medio siglo de
antigüedad, pero delegaba en los ayuntamientos su regulación. En la provincia,
solo la capital ha aprobado una ordenanza que regula estos controles,
obligatorios apenas hace un par de años. En Almansa, su consistorio llegó a
elaborar un borrador, pero en eso se quedó, no se llegó a aprobar normativa
alguna.
Pues bien, ahora este
chequeo de los edificios se extiende a todos los municipios y se impone sin
necesidad de que los ayuntamientos aprueben su propia norma. Lo hace en virtud
de una legislación estatal, promulgada por el Ministerio de Fomento, y que
pronto se hará efectiva en Castilla-La Mancha en virtud de un reciente decreto
publicado por la Junta de Comunidades en el que se regula lo que ahora se llama
Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) y el registro donde quedarán
recogidos.
El Informe de
Evaluación de los Edificios es un documento informativo, en el que un
arquitecto o arquitecto técnico, realiza un examen completo de la construcción
y comprueba además de las cuestiones relativas al estado de conservación del
edificio, su nivel de accesibilidad y de eficiencia energética. A día de hoy,
solo están obligados a contar con este informe aquellos propietarios que
quieran solicitar subvenciones públicas destinadas a la mejora de estos tres
aspectos (conservación, accesibilidad y eficiencia). Pero a partir del 2018,
todos los edificios de más de 50 años tendrán que contar con este
informe. El calendario aprobado es gradual, «si no sería imposible de
cumplir», opina el gerente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de la Edificación (COAATIE), Luis Martín. Los arquitectos técnicos
aplauden, además, que en Castilla-La Mancha se haya extendido esta
obligatoriedad a las viviendas unifamiliares puesto que sobre todo en
municipios de tamaño medio y pequeño son mayoría.
«Esto no es una
inspección-impuesto», proclama el presidente del Colegio de Arquitectos
Técnicos, Eduardo Cuevas, que subrayó la importancia de «revisar las
edificaciones y estudiar qué se puede mejorar de su seguridad o para no derrochar
nuestra economía con una mala climatización». Cuevas, a la sazón responsable
del servicio de bomberos de la capital, opinaba que las inspecciones que desde
hace un par de años se están haciendo en Albacete en los edificios de más de 50
años seguro que se han traducido en una mejora en la seguridad, «el año pasado
se cayeron menos cornisas, puede ser que sea porque hizo menos viento, pero
también porque se han visto deficiencias en fachadas y cubiertas y se han
corregido».
Como decimos,
aquellos propietarios de edificaciones que quieran acceder a subvenciones para
hacer reparaciones tendrán que adelantarse a los plazos y elaborar dicho
informe..... Los requisitos y las cuantías de dichas subvenciones
ya se conocen. De hecho, en el decreto que regula la creación del registro de
Informes de Evaluación de Edificios se incluye además un aumento de las
subvenciones.
La cuantía máxima de
las subvenciones por edificio será de 12.500 euros por cada vivienda o por cada
100 metros cuadrados de superficie útil de local, cuantía que se amplía hasta
los 13.750 euros cuando se trate de edificios declarados bienes de interés
cultural, catalogados o protegidos. Las ayudas se desglosan en 2.500 euros para
actuaciones de conservación; 2.500 euros para las mejoras de calefacción y
refrigeración del edificio y 4.500 euros para las actuaciones de mejora de
accesibilidad.
El reciente decreto,
lo que ha hecho también es subir hasta el 50% del coste de las obras que se
vayan a realizar como el límite de la ayuda a conceder, cuando la normativa
estatal fija ese porcentaje en solo un 30%. Cuando se trate de accesibilidad,
el coste subvencionable se amplía incluso hasta el 65%.